Asesinan a dos jóvenes periodistas indígenas de radio comunitaria en Oaxaca

Teodoro Rentería Arróyave Vicepresidente FELAP-México y América del Norte

PUERTO ESCONDIDO, OAXACA. Con los asesinatos a balazos de dos compañeras colegas indígenas, Felicitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino de apenas 21 y 24 años de edad, respectivamente, ocurrido el pasado lunes 7 de abril en el municipio de San Juan Copala de este Estado y conocido en forma poco clara hasta el miércoles 9, puesto que a las víctimas se les asignó únicamente el oficio de locutoras, se eleva a 46 el número de informadores muertos violentamente del 2000 a la fecha.

Todavía no terminábamos de salir de este virgen lugar costeño, cuando en el camino al Aeropuerto de Huatulco, distante un poco más de cien kilómetros, después de haber asistido al Primer Coloquio Periodístico “Heraldo de Oaxaca 2008”, que organizó la revista estatal del mismo nombre y que dirige el amigo colega, Miguel Ángel Cruz Ramírez, cuando nos enteramos que nuestra participación se había quedado corta en el número de asesinatos de periodistas del 2000 a la fecha; ahora con las muertes violentas de las dos jóvenes mujeres periodistas indígenas de la etnia Trique, se eleva la lista cruel a 46, es decir, desde que se introdujo el gobierno del supuesto cambio, nos han matado a casi 6 compañeros por año.

El fenómeno reviste una gravedad inusual, puesto que se renueva el vergonzante primer lugar de México en el mundo, en asesinatos, desapariciones forzadas y demás atentados de periodistas, en vista de la nula decisión política del Gobierno federal por revertirlo.

En el caso de las compañeras victimadas: Felicitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino, periodistas de la Radio Comunitaria "La Voz que Rompe el Silencio" en la población de San Juan Copala, Oaxaca, imposible achacarlo al crimen organizado, el móvil es de carácter político nos informan los dolientes compañeros de las organizaciones: Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, La Red de Radios Comunitarias Indígenas del Sureste Mexicano y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Sección México.

Las colegas fueron muertas el pasado 7 de abril, al recibir impactos de bala por parte de un grupo de desconocidos en una acción en la que otras cuatro personas resultaron heridas, cuando las mismas se dirigían a la capital de la entidad para participar en el Encuentro Estatal por la Defensa de los Derechos de los Pueblos de Oaxaca.

Las cifras son reveladoras de lo que ahora ocurre en nuestro país, porque no obstante la denuncias y la exigencia de justicia por parte del gremio periodístico organizado de México, la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX-, y el apoyo muy valioso de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP, de su de brazo derecho, la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas, CIAP-FELAP y de la propia Naciones Unidas, todos estos crímenes, salvo dos muy discutibles, yacen en la más vergonzosa impunidad y por tanto en lugar de disminuir van preocupantemente en aumento.

Si en el sexenio de Vicente Fox Quesada, periodo en el que se incrementan los atentados a periodistas, ocurrieron 5 asesinados y una desaparición forzada por año, en el actual sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, la situación se torna pavorosa: en escaso año y medio de gobierno, se ha asesinado a un periodista por mes, es decir, con las compañeras victimadas en Oaxaca, suman 16 las muertes violentas de informadores y 4 desapariciones forzadas, una cada 4 meses.

Con la condena del doble asesinato de las colegas indígenas, por parte del director general de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, Koichiro Matsuura, quedó sin duda, aclarada la condición de periodistas de las víctimas acribilladas en una emboscada.

“Matar a periodistas constituye un crimen odioso que afecta al conjunto de la sociedad, porque socava el derecho de los ciudadanos de participar en un debate informado y de hacer sus elecciones políticas de forma ilustrada”, declaró Matsuura en un comunicado.

En estos largos 8 años de impunidad ante los crímenes contra periodistas, sólo hemos conocido de dos sentencias, ambas discutibles. En diciembre pasado, Juan Carlos Rosas Palestino fue sentenciado por el Juez Tercero de lo Penal de Veracruz a 23 años de prisión y la reparación del daño por 73 mil 296 pesos, al hallarlo el Juez culpable de la autoría material del asesinato del ex corresponsal de Televisa-Veracruz en la región de Orizaba, Adolfo Sánchez Guzmán, victimado el 30 de noviembre del 2006. Del autor material, nada se informa.

En Culiacán, Sinaloa, el gremio y juristas calificaron como mínima la sentencia de 11 años de prisión impuesta al ex jefe de la Policía Municipal de Escuinapa, Abel Enríquez Zavala, y tres acusados más, por el asesinato del periodista Gregorio Rodríguez Hernández, corresponsal de El Debate de Mazatlán, ocurrido el 28 de noviembre de 2004. El presunto autor intelectual, siempre ha negado su participación.

Esta es la terrible realidad que vive el periodismo en México, de ahí que el gremio organizado, nacional y latinoamericano, renovemos nuestra exigencia de justicia, porque efectivamente, “Matar a periodistas constituye un crimen odioso que afecta al conjunto de la sociedad, porque socava el derecho de los ciudadanos de participar en un debate informado y de hacer sus elecciones políticas de forma ilustrada”.